En 2009, la India se embarcó en un plan para la identificación biométrica de su población. Este proyecto fue concebido por empresas de tecnología de la información con sede en Bengaluru. El principal arquitecto del programa, Nandan Nilekani, era de hecho el director de una de estas empresas. La idea detrás del proyecto era utilizar la tecnología digital (y los datos que permite recopilar) con fines económicos. Pero para registrar a toda la población india, había que convencer al Estado de que participara en el proyecto, que más tarde se bautizó como “Aadhaar”. La lógica que aseguró la participación del gobierno fue principalmente financiera: el uso de Aadhaar ayudaría a desembolsar la ayuda a los pobres y minimizaría las “fugas” causadas por la corrupción y los duplicados entre los beneficiarios. Sin embargo, poseer un número Aadhaar se convirtió gradualmente en necesario también para una serie de otras cosas, incluido el pago de impuestos. Cuando se le pidió que se pronunciara sobre este asunto, el Tribunal Supremo de la India se mostró reticente y no intentó proteger decisivamente la privacidad de las personas. La ley que finalmente se aprobó, cinco años después, tampoco la protegió. En cuanto al objetivo declarado del programa en sí, Aadhaar no mejoró la calidad de los servicios prestados a los pobres y más bien marcó el comienzo de una reducción de las políticas sociales. Su impacto económico también está por demostrar. Podría deberse al lento desarrollo de una economía basada en datos o simplemente a otra burbuja.